Los poderes fácticos y la nueva composición de los Congresos Locales en 2010

El influjo de los poderes fácticos en la esfera pública de México, particularmente de la delincuencia organizada en la coyuntura electoral estatal de este año, nos ha permitido conjugar y abordar en este número de la revista del Instituto Belisario Domínguez, “Pluralidad y Consenso”, editada por la LXI Legislatura del Senado de la República, el ensayo, “Los Poderes Fácticos y la Nueva Composición de los Congresos Locales 2010” mediante el esbozo histórico sobre los factores reales de poder e influencia en las decisiones gubernamentales, el surgimiento de poderes ilegales y la injerencia de la delincuencia organizada en los comicios electorales del año en curso, así como a través de los métodos comparados, estadísticos y de caso, analizar la correlación entre el abstencionismo electoral y los homicidios en los estados más violentos como Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, entre otros, fundamentalmente, ahora que la delincuencia organizada ha puesto en la mira y focalizado a la clase política como su blanco.  El sistema político mexicano no sólo presenta una nueva configuración en las cámaras del Congreso de la Unión, en donde ninguna de las fuerzas políticas tiene mayorías calificadas y absolutas, sino en los congresos estatales; circunstancia que puede estudiarse, explicarse y describirse desde el enfoque sistémico mediante el análisis de subsistemas como el electoral y el de partidos, a grado tal, que como resultado de las elecciones locales del 4 de julio pasado, en las legislaturas estatales existe un sistema de partido hegemónico; 13 con sistemas de partidos predominantes; 9 multipartidistas y 9 bipartidistas. Cabe destacar que el Congreso de Baja California es el único en la República Mexicana que tiene un gobierno dividido; es decir, donde el partido del gobernador (PAN) no tiene la mayoría absoluta sino otro partido (PRI); además, en 18 congresos locales ningún partido controla por sí solo el 50 por ciento de los asientos en el pleno de su recinto legislativo, lo que significa que las fuerzas políticas tendrán que establecer acuerdos y consensos para construir “conjuntos ganadores” o coaliciones legislativas para formular políticas públicas y, por ende, promover reformas a la Constitución, a leyes secundarias y reglamentarias.  En suma, el reto de los actores políticos es la construcción de coaliciones legislativas y políticas para garantizar la gobernabilidad democrática… ¿Será?