El pasado 30 de abril de 2012 fue enviada al Ejecutivo federal, para los efectos constitucionales correspondientes, la Ley para la protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Con la aprobación de dicha ley por parte del Congreso mexicano, se crea un mecanismo de salvaguarda que obliga al Estado a defender y proteger los derechos humanos que componen la libertad de expresión, de asociación, además de amparar la posibilidad individual o colectiva de la
defensa de los derechos humanos.
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