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Resumen:
Lamentablemente, los altos niveles de violencia se han convertido en una constante del panorama social en México. Las cifras hablan por sí mismas: las defunciones por homicidio —contabilizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)— han experimentado un crecimiento alarmante, pues se alcanzó la cifra de 36 773 defunciones por homicidio en 2020, cuando en 2007 se reportaron 8 867 (Ley, 2018).
Hay que decirlo: México se ha convertido en un país cada vez más violento, a pesar de las múltiples alternancias de poder político en los ámbitos locales y federales; presidentes de distintos partidos, mayorías cambiantes en el Poder Legislativo, así como traspasos pacíficos de poder en las entidades federativas, no han sido suficientes para resolver el problema. Sin duda, la violencia creciente en el territorio nacional constituye uno de los desafíos, junto con las brechas de desigualdad y la polarización política, más importantes para la aún joven democracia mexicana: es necesario encontrar la forma de reducir los índices delictivos, al mismo tiempo que se protege y fortalece el estado social y democrático de derecho.
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